POLÍTICA ¿Centroamérica contra la Corte Penal Internacional?
*J. A. Morasan | ||||||||
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“Reunidos en San José, Costa Rica, los cinco presidentes de Centroamérica decidieron ayer cerrar filas y pedir a la UE el respeto a las decisiones de cada país en temas que contravienen preceptos constitucionales y la institucionalidad de cada nación, principalmente ante la exigencia del bloque europeo para que los países que no lo han hecho ratifiquen el Estatuto de Roma, que crea la Corte Penal Internacional (CPI).” (Fragmento de la noticia que publica un matutino local en su edición del 13 de marzo de 2008) ¿A que le temen los gobernantes del istmo al negarse a suscribir el Estatuto de Roma? El Estatuto de Roma entró en vigor el 1 de Julio 2002. | |||||||
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La Corte tiene su sede en La Haya, Holanda, y está compuesta por 18 magistrados de diferentes países. Sus objetivos están dirigidos a la persecución, enjuiciamiento y castigo de personas involucradas en crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra, genocidio, impunidad, crímenes graves que violen el derecho internacional, en fin, la defensa de los derechos consignados en la declaración universal de los derechos humanos promulgados en 1948 por la Organización de las Naciones Unidas. Hasta el17 de Octubre del 2007, 105 países habían ratificado el Tratado: 29 países africanos, 13 asiáticos, 16 de Europa del Este, 22 de Latinoamérica y el Caribe (entre ellos Costa Rica) y 25 de Europa occidental. La negativa a ratificar el Estatuto de Roma por parte de los presidentes de Centroamérica, que en el caso de Costa Rica no aplica, puesto que según la información disponible ya lo ha ratificado, no debería preocuparles, dado que dicha normativa sólo adquiriría vigencia a partir del momento de su ratificación o, dicho en otras palabras, no tiene carácter retroactivo. Tal reacción es entendible en el caso del gobierno de El Salvador, donde el liderazgo del partido arena se ha valido de todos los recursos para retener el poder, con el propósito de obstaculizar –además del control político-económico– las acciones que conduzcan al enjuiciamiento y castigo de los autores materiales e intelectuales de los horrendos crímenes cometidos, particularmente en los años ochentas (que por su dimensión no prescriben), para frenar las aspiraciones democráticas del pueblo, hechos que pretendieron neutralizar con la famosa ley de perdón y olvido, aunque los familiares de las victimas hemos asumido el perdón, mas no así el olvido. Llama también la atención que ese y otros condicionamientos surjan precisamente ahora en ocasión de negociar el Acuerdo o Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea, que se justificarían en el marco de una estrategia de negociación, aunque no fueron planteados en negociaciones anteriores, en las que se aceptó y ratificó sin cuestionamientos una serie de disposiciones que perjudican gravemente a la población centroamericana en rubros estratégicos como la agricultura, base de nuestra economía, el daño al medio ambiente, la imposición de condiciones excesivas en materia de propiedad intelectual, etc., siendo Guatemala y Costa Rica los únicos países que cuestionaron en su momento algunos de esos puntos, tanto que este último país aún no ha ratificado el Tratado con Estados Unidos. Las preguntas obligadas de la región En consecuencia, surge las preguntas obligadas: ¿De qué lado están los presidentes Centroamericanos? ¿Del lado de la justicia y la disposición de proteger los derechos esenciales de los pueblos que les han elegido? O ¿de la impunidad y el terrorismo de Estado impuesto por los sucesivos conquistadores y sus herederos, que han diezmado, cuando no exterminado a la población del continente americano y del mundo, y que hoy día siguen galopando como jinetes del Apocalipsis –con su estela de muerte y destrucción– sobre Afganistán, Irak, Palestina, Líbano, Darfur, Sudan, El Congo,… para mencionar algunos, con el fin de apropiarse de sus recursos a partir de la calificación antojadiza y unilateral del imperio de turno sobre gobiernos y países insumisos, de practicar, tolerar o financiar el terrorismo? Súmense a ello las ya clásicas conspiraciones para provocar y/o profundizar conflictos en el marco de su política expansionista y depredatoria, ante la indiferencia o complicidad (¿?) de la “comunidad internacional” y la impotencia de la Organización de las Naciones Unidas. Si antes de decidir por si solos los gobernantes del istmo le consultaran al pueblo sobre cuestiones trascendentales como esta, las respuestas serian diferentes, ya que en este caso, la ratificación del Estatuto lo convertiría en ley de la republica, constituyéndose en un antídoto contra los abusos de poder y contra la tentación de instaurar nuevos regimenes tiránicos ya sea a nivel nacional, regional o mundial. * J.A. Morasan, Licenciado en Relaciones Internacionales; autor del libro: Ni neoliberalismo ni mas muerte, ‘solo revolución’. | ||||||||
