Dictadura del capital ilícito y narco-Estado

en Colombia

Juan Carlos Morales Peña

Juancarlos_mrls@yahoo.com.mx

Conceptos y Consideraciones

En Colombia existe desde los años setentas una red de enclaves económicos ilícitos, que han ido desarrollando estructuras permanentes de producción de cocaína procesada, una logística de distribución, una oferta de trabajo y nichos de mercado en el exterior; alimentados por crecientes tendencias en el consumo de drogas en sociedades del primer mundo.

Todos estos componentes funcionan en ciclos de actividades que eluden la presión de la legalidad del Estado formal o se apoyan en sus deficiencias para potenciar sus propias capacidades. Además, han articulado un modo de vida que ha planteado un sofisticado concepto social, que sobre la base de la economía sumergida ha proporcionado alternativa de progreso fácil a grandes conglomerados de la sociedad colombiana donde la agricultura de subsistencia ha sido el denominador común.

Este esquema de organización paralela que ha dado vida a su propia agenda e intereses de naturaleza privada, es lo que podría llamarse un narco-Estado. Permítaseme conceptualizar mejor esta figura de referencia. La idea de narco-Estado puede revelar dos procesos situacionales con sus particularidades.

En el primero puede estarse frente a un organismo económico, dirigido eficientemente y en posesión de cuantiosos recursos y por lo tanto de incentivos superiores, para corromper voluntades. Estaría identificando entes muy cerrados donde la comunicación compartimentada les estaría otorgando un factor potencial para conformar ejércitos privados y redes de sicariato que hablaría de una fuerza a su servicio para enfrentarse a la fuerza legal de un Estado nominal. Y donde la enorme capacidad de generación de capitales ilícitos, provendría de una economía clandestina que funcionaría con una lógica de mercado, que conformaría el desarrollo de una visión empresarial tipo trusts o cartel que naturalmente establecería sus respectivas estructuras jerárquicas de autoridad, mando y reingeniería discrecional para globalizarse aprovechando los contextos de las economías abiertas.

Mientras que en un segundo proceso situacional tendríamos un narco-Estado, donde el Estado formal habría sido infiltrado masivamente por el crimen organizado o mafias privadas dedicadas a un ilícito en particular, específicamente la narcoactividad. En este Estado la autoridad pública ejercitaría una especie de connivencia con respecto al grueso de delitos de la “alta delincuencia”, funcionaría un significativo flujo de recursos económicos para corromper funcionarios; o bien podría inhibir a las entidades públicas mismas en sus esfuerzos por renovarse o desarrollar capacidades para enfrentar los grandes ilícitos o la corrupción en sus propias filas. En un Estado formal infiltrado prosperarían relaciones paralelas, donde los agentes privados de la economía formal podrían convertirse en transmisores naturales de recursos ilícitos hacia las arcas del Estado, contaminando así las finanzas públicas, comprometiendo las iniciativas de movilización de los poderes públicos para que en forma coordinada diseñen estrategias efectivas. Asimismo, el narcotraficante puede penetrar partidos políticos y movimientos sociales –aunque la regla general confirma preferentemente los nexos con la alta política–, generando a través de ese espacio flujos de dineros ilícitos que contaminarían también campañas electorales, otorgando de esa manera la posibilidad de pactos secretos de colaboración y complicidad entre el mundo formal y el informal.

Capital Ilícito en Colombia

Es muy difícil establecer el distanciamiento o cercanía entre las economías de la droga y los actores en general de la trama colombiana. Ha habido evidencia suficiente en cuanto a que la economía clandestina de los estupefacientes se ha convertido en un modo de vida y en un esquema viable de generación de recursos ilimitados, de los que han hecho uso discrecional o abierto los actores socio-políticos del conflicto colombiano, y les han servido para apuntalar sus proyectos e incrementar posibilidades para hacerlo por la fuerza militar.

El circuito de la droga se ha posicionado así como un medio amplia e intensamente privilegiado para hacer la guerra, por lo tanto se ha constituido en una fuente de financiamiento que ha intentado legitimarse con la estructura de causa que han presentado los actores enfrentados. Desde que los carteles de Cali y Medellín fueron desmantelados, la economía de la droga dejó de basarse en una plataforma monopólica y pasó a organizarse en circuitos atomizados y mejor distribuidos geográficamente. El Plan Colombia mismo ha fallado en su eje estratégico que planteaba la sustitución de los cultivos de coca por otros alternativos y con suficiente rentabilidad para ser comercializados.

Lo que se conoce como “dictadura del capital ilícito”, en Colombia existe como un fenómeno donde el Estado central no ejerce la soberanía estatal en todo su territorio; donde los límites formales carecen de alcance para la regulación y el control de los ilícitos de las economías clandestinas de la droga. En donde la coalición gobernante ha tenido vínculos actuales o en el pasado con el tráfico de estupefacientes y cuya articulación contra ideológica descalifica en sí misma un proyecto de Estado, fundado plenamente en lo lícito.

Puede hablarse de una dictadura donde la fuerza es ejercida por redes de sicarios y otros entes privados, que en complejas intersecciones con el paramilitarismo, la infiltración en las fuerzas militares y los espacios de comunicación con otras estructuras irregulares con agendas políticas, ya sea por refuerzo mutuo o relaciones coyunturales de conveniencia, han consolidado un sistema de relaciones de poder muy sofisticadas pero funcionales para los efectos de protección y dotación de recursos cuantiosos.

Esto sin embargo, a pesar que desnaturaliza la lucha política de los actores socio políticos de diverso signo, no implica que la lógica política de estos últimos esté subordinada al ámbito de los medios; o que su finalidad como referentes políticos no goce de la autonomía y conciencia de grupo para fijar el alcance de sus propias vinculaciones. Se trata pues de un Estado anclado en lo ilícito que privatiza la fuerza y que traslada sus intereses a otras entidades y actores existentes, formales e informales, contaminándolos en el proceso y acomodándolos peligrosamente en un modo de vida que pulveriza paulatinamente toda reserva moral y su fórmula de legitimación social y política.